Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre si una funcionaria trasladada desde otro servicio podía conservar la asignación de antigüedad regulada en el artículo 6° del decreto ley N° 249, de 1973. El organismo concluyó que esa protección remuneratoria sólo beneficia a quienes en su empleo anterior percibían dicha asignación. Con base en ello, determinó que, durante los periodos reclamados, la recurrente no tenía derecho a percibir el emolumento, pues no estaba sujeta a ese decreto ley sino al decreto con fuerza de ley N° 1, de 1997, del Ministerio de Defensa Nacional, por lo que no procedía incluir esos periodos para el pago del beneficio. Asimismo, descartó la aplicación del decreto ley N° 924, de 1975, porque su artículo 1° sólo reconoce servicios anteriores al 1 de enero de 1974 a funcionarios titulares y su artículo 2° regula a personal a contrata, calidad distinta a la de la interesada.