Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre el cumplimiento de un dictamen anterior relativo a la fijación de nuevas normas urbanísticas para terrenos cuyas declaratorias de utilidad pública habían caducado. El ente concluyó que, tras la modificación del ordenamiento jurídico aplicable, tanto la municipalidad respectiva como la Secretaría Regional Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo deben proceder conforme a la normativa vigente. Se explicó que la disposición transitoria pertinente permite dejar sin efecto las declaratorias respecto de circulaciones, plazas y parques incluidos en una nómina aprobada, y ordena a la municipalidad fijar, mediante decreto alcaldicio y previo informe de la Seremi, nuevas normas asimilables a las de la zona predominante. Asimismo, se estimó que una causa judicial invocada por la autoridad alcaldicia no obsta a lo concluido en el pronunciamiento.