El Juzgado de Policía Local de La Reina resolvió una querella infraccional y una demand…
Sentencia · JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE LA REINA · 2025
Resumen
El Juzgado de Policía Local de La Reina resolvió una querella infraccional y una demanda civil por infracción a la Ley 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores, relativas a un contrato de construcción de estructura metálica. La denunciada, una empresa constructora, opuso excepción de incompetencia absoluta, la que fue rechazada. El tribunal acogió la querella y condenó a la empresa al pago de una multa de 150 UTM por incumplimiento de sus obligaciones contractuales y de los deberes de calidad e idoneidad del servicio. Además, acogió la demanda civil y ordenó pagar una indemnización de $38.454.468 por daño moral a la empresa consumidora demandante, reajustada según el IPC, y condenó en costas a la demandada. Se trata de una sentencia de primera instancia que quedó ejecutoriada al no interponerse recursos.
Normas citadas
Ley 19.496, Art. 3 Inc. 1 Letra e
Sentencia DefinitivaInterés IndividualQuerella infraccional y demanda de indemnización de perjuicios
Preguntas frecuentes
¿Un juzgado de policía local es competente para conocer de reclamos por incumplimiento de un contrato de construcción según la Ley del Consumidor?
En este caso, el Juzgado de Policía Local de La Reina rechazó la excepción de incompetencia absoluta opuesta por la constructora y conoció la querella infraccional y la demanda civil por infracción a la Ley 19.496 relativas a un contrato de construcción de estructura metálica.
¿Qué sanciones puede imponer un juzgado de policía local a una constructora por incumplir obligaciones contractuales con un consumidor?
En este caso, el tribunal acogió la querella y condenó a la empresa a una multa de 150 UTM por incumplir sus obligaciones contractuales y los deberes de calidad e idoneidad del servicio.
¿Procede una indemnización por daño moral a una empresa consumidora por incumplimientos de una constructora?
En este caso, el tribunal acogió la demanda civil y ordenó pagar una indemnización por daño moral a la empresa consumidora demandante, reajustada según el IPC, condenando además en costas a la demandada. La sentencia de primera instancia quedó ejecutoriada al no interponerse recursos.
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