Resumen
La Contraloría General de la República tomó razón de la resolución N° 43, de 2015, de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que destituyó a dos funcionarios por infracciones graves al principio de probidad administrativa, en hechos vinculados a la seguridad del Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago. Los reclamantes alegaron que el perjuicio y la repercusión mediática no fueron materia de cargos y no debieron considerarse. El órgano desestimó esa alegación, señalando que la potestad sancionatoria corresponde a la superioridad del servicio, que puede valorar los antecedentes del expediente, como la gravedad y connotación pública del hecho. Además, concluyó que la ley asigna una sanción específica a estas infracciones, por lo que la expulsión era obligatoria y no cabía aplicar otra medida ni atenuar la responsabilidad. Finalmente, determinó que los descargos fueron ponderados en el sumario y que no hubo irregularidades en la tramitación, por lo que rechazó los reclamos.