Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la situación de una funcionaria que, al asumir un empleo regido por la ley N° 15.076 en el Servicio Médico Legal, cesó en su cargo de exclusiva confianza por incompatibilidad de plazas. Para resolver la consulta sobre protecciones remuneratorias, el organismo constató que no existían antecedentes que acreditaran que el concurso invocado correspondiera al encasillamiento regulado por la ley N° 20.065. Señaló que el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2006, fijó las plantas desde el 1 de junio de 2006, que el acto de concurso fue dictado seis años después y que sus designaciones se retrotraen a una fecha distinta a la que correspondía. En consecuencia, ordenó al Servicio Médico Legal informar si la resolución N° 308, de 2012, resuelve el concurso del numeral 2 del artículo 3° transitorio de la ley N° 20.065 y explicar por qué no se emitió dentro de los plazos legales.