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El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2024

Resumen

El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra el inciso primero del artículo 32 de la Ley 18.287, que limita la apelación en procedimientos ante los Juzgados de Policía Local. El requirente sostenía que la norma vulneraba la igualdad ante la ley y el derecho al recurso, al impedirle apelar una resolución desfavorable en su gestión pendiente. En el fallo, el Tribunal rechazó el requerimiento, al estimar que los argumentos de fondo no se vinculaban con la gestión pendiente. Sin embargo, la ministra disidente concluyó que el precepto sí vulneraba el derecho al recurso, porque la resolución cuestionada era importante para el requirente, y que la inaplicabilidad era la única forma de evitar efectos inconstitucionales, por lo que debió acogerse. Un ministro previno concurrir al rechazo por los considerandos expuestos. La sentencia fue redactada por la ministra ponente, con la disidencia y prevención señaladas.

Normas citadas

  • Constitución Política, artículo 74, inciso primero
  • Constitución Política, artículo 79, inciso segundo
  • Constitución Política, artículo 80, inciso primero
  • Constitución Política, artículo 93, inciso cuarto
  • Constitución Política, artículo 19, numeral 2, inciso primero
  • Constitución Política, artículo 19, numeral 3, inciso sexto
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Preguntas frecuentes

¿Es constitucional que la ley limite la apelación en los Juzgados de Policía Local?

En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de inaplicabilidad contra el artículo 32 de la Ley 18.287, que limita la apelación, al estimar que los argumentos de fondo no se vinculaban con la gestión pendiente.

¿Vulnera el derecho al recurso la restricción de apelación en procedimientos ante Juzgados de Policía Local?

En este caso, la ministra disidente concluyó que el precepto sí vulneraba el derecho al recurso, porque la resolución cuestionada era importante para el requirente, y que la inaplicabilidad era la única forma de evitar efectos inconstitucionales.

¿Qué ocurre si un requerimiento de inaplicabilidad no se relaciona con la gestión pendiente?

En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento porque los argumentos de fondo no se vinculaban con la gestión pendiente, sin pronunciarse sobre la constitucionalidad de la norma.

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