El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2026
Resumen
El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra el artículo 32, inciso primero, de la Ley N° 18.287, que limita la apelación en los procedimientos ante los Juzgados de Policía Local a las sentencias definitivas y a las resoluciones que hagan imposible la continuación del juicio. La parte requirente sostenía que esa restricción vulneraba la igualdad ante la ley, el debido proceso y el derecho a la segunda instancia. El Tribunal rechazó el requerimiento, razonando que la existencia de procedimientos especiales con reglas distintas no es en sí misma inconstitucional, que la limitación se aplica por igual a todas las partes del juicio y que las alegaciones pueden plantearse al impugnar la sentencia definitiva. Añadió que una apelación amplia de resoluciones intermedias podría entorpecer la marcha del proceso, considerando que la Ley de Tramitación Electrónica no se aplica con plenitud en esos juzgados.
Tribunal ConstitucionalINA
Preguntas frecuentes
¿Es inconstitucional limitar la apelación en los Juzgados de Policía Local solo a sentencias definitivas?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento, sosteniendo que la limitación del artículo 32 de la Ley N° 18.287 no es inconstitucional, pues se aplica por igual a todas las partes y las alegaciones pueden plantearse al impugnar la sentencia definitiva.
¿Vulnera la igualdad ante la ley que los procedimientos ante Juzgados de Policía Local tengan reglas de apelación distintas?
En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que la existencia de procedimientos especiales con reglas distintas no es en sí misma inconstitucional y que la restricción a la apelación se aplica por igual a todas las partes del juicio.
¿Se afecta el derecho a la segunda instancia si no se permite apelar resoluciones intermedias en Juzgados de Policía Local?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó que se vulnere el debido proceso y la segunda instancia, señalando que las alegaciones pueden plantearse al impugnar la sentencia definitiva y que una apelación amplia de resoluciones intermedias podría entorpecer el proceso.
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