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La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Perú declaró infundado el recurso de ap…

Sentencia · 2025

Resumen

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Perú declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la defensa de un investigado por los delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias, y confirmó la resolución del Juzgado Superior de Investigación Preparatoria de San Martín que había declarado improcedente la solicitud de tutela de derechos destinada a excluir un audio como elemento de convicción. El tribunal sostuvo que la grabación de una conversación realizada por uno de los interlocutores, sin el consentimiento de los demás, no configura necesariamente una vulneración del secreto de las comunicaciones, conforme a la teoría del riesgo, y que puede ser prueba lícita siempre que su contenido no atente contra la intimidad de los demás intervinientes, debiendo realizarse un juicio de ponderación y proporcionalidad. No se impusieron costas a la recurrente.

Normas citadas

  • Derecho a la intimidad
  • Secreto de las comunicaciones
  • Principios de proporcionalidad y ponderación
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Preguntas frecuentes

¿Es prueba lícita una grabación de conversación hecha por uno de los interlocutores sin el consentimiento de los demás en Chile?

En este caso, la Corte Suprema de Perú sostuvo que grabar una conversación sin el consentimiento de todos no configura necesariamente una vulneración del secreto de las comunicaciones. Puede ser prueba lícita si su contenido no afecta la intimidad de los demás intervinientes, previo juicio de ponderación y proporcionalidad.

¿Procede excluir un audio como prueba mediante tutela de derechos en un proceso penal?

En este caso, el tribunal confirmó la improcedencia de la solicitud de tutela de derechos destinada a excluir el audio como elemento de convicción. Sostuvo que la grabación debía someterse a ponderación y proporcionalidad antes de descartarla.

¿Qué criterio aplica la justicia penal para evaluar si una grabación privada vulnera la intimidad?

En este caso, la Corte Suprema aplicó la teoría del riesgo y los principios de proporcionalidad y ponderación. Concluyó que la evaluación depende de si el contenido de la grabación atenta contra la intimidad de los demás intervinientes.

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