Resumen
La Corte Suprema conoció un recurso de amparo constitucional deducido por un representante a favor de un ciudadano haitiano, en contra del Servicio Nacional de Migraciones y del Ministerio de Relaciones Exteriores. El recurso impugnaba la resolución que rechazó una solicitud de residencia temporal por reunificación familiar, alegando falta de fundamentación, pues se había presentado el certificado de antecedentes penales legalizado y traducido. La autoridad migratoria sostuvo que el solicitante, mayor de 18 años, debía acreditar que estudiaba en una institución educacional reconocida por el Estado, conforme al artículo 12 del Decreto N° 177 de 2022, requisito que no se cumplió. El tribunal concluyó que la actuación administrativa fue ajustada a derecho, sin ilegalidad ni arbitrariedad, y que no existía amenaza real a la libertad personal del amparado, quien se encontraba fuera del territorio nacional. En consecuencia, se rechazó el recurso, sin perjuicio de las peticiones que puedan formularse en sede administrativa.