Resumen
La Contraloría General de la República reconsideró el dictamen N° 34.585, de 2013, relativo al convenio de desempeño colectivo del año 2012 suscrito entre la Tesorería General de la República y el Ministerio de Hacienda. Si bien reconoció que el razonamiento jurídico de aquel dictamen se ajusta a derecho, concluyó que no era posible rehacer la evaluación de cumplimiento de las metas de 2012 sin las objetadas, porque ello obligaría a los servidores a devolver lo pagado en exceso, afectando a funcionarios que actuaron de buena fe. Además, eliminar dos de las cuatro metas de la D.C.Q. contravendría el artículo 11 del decreto N° 983, que exige al menos tres metas por equipo. Por ello, la Contraloría reconsideró el pronunciamiento para no perjudicar patrimonialmente a los funcionarios y ordenó su transcripción al Ministerio de Hacienda.