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La Contraloría General de la República ordenó a la Dirección de Logística de Carabinero…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2024

Resumen

La Contraloría General de la República ordenó a la Dirección de Logística de Carabineros de Chile remitir, a la mayor brevedad, la resolución Nº 43, de 2019, que aprobaba la liquidación de un contrato, junto con sus antecedentes de respaldo, para realizar el control de juridicidad. El organismo fiscalizador constató que esa resolución había sido representada mediante oficios anteriores sin que conste su reingreso para toma de razón. La empresa contratista había reclamado la falta de respuesta formal a sus alegaciones y pidió el cumplimiento de lo ordenado. La Contraloría exigió informar las medidas adoptadas en un plazo de 10 días y recordó que sus dictámenes son obligatorios, por lo que su inobservancia puede comprometer la responsabilidad administrativa de los funcionarios involucrados.

Normas citadas

  • Resolución N° 43, de 2019
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si un órgano de la Administración no reingresa a toma de razón una resolución que fue representada por la Contraloría?

En este caso, la Contraloría ordenó a la Dirección de Logística de Carabineros remitir la resolución de liquidación de contrato con sus antecedentes, porque constató que no conste su reingreso para toma de razón tras oficios anteriores. Además, exigió informar las medidas adoptadas en 10 días, recordando que sus dictámenes son obligatorios.

¿Un órgano público puede desatender las alegaciones de un contratista sin responder formalmente?

En este caso, la empresa contratista reclamó la falta de respuesta formal a sus alegaciones y pidió el cumplimiento de lo ordenado por la Contraloría. El organismo fiscalizador tomó en cuenta ese reclamo para exigir a la Dirección de Logística que informara las medidas adoptadas.

¿Qué responsabilidad tienen los funcionarios si no cumplen un dictamen de la Contraloría?

En este caso, la Contraloría recordó que sus dictámenes son obligatorios y que su inobservancia puede comprometer la responsabilidad administrativa de los funcionarios involucrados. Así advirtió sobre las consecuencias del incumplimiento de lo ordenado.

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