La Contraloría General de la República se pronunció sobre una reclamación de una empres…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2022
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre una reclamación de una empresa contratista respecto al cálculo del consumo eléctrico en el contrato de reposición de una escuela de Carabineros. La empresa alegaba que la Dirección de Logística de Carabineros no había cumplido lo ordenado en un dictamen anterior, que instruía esclarecer si procedía recalcular el costo de la energía eléctrica. La Dirección de Logística informó que la contratista no instaló los remarcadores eléctricos exigidos en las bases, por lo que no existía registro de lectura para el recálculo. Sin embargo, la Contraloría determinó que, ante la falta de instalación de dichos remarcadores, procede que la Dirección de Logística establezca el costo del consumo eléctrico conforme al mecanismo dispuesto por la inspección técnica del contrato. Además, reiteró la obligación de liquidar el contrato e informar a la Coordinación Nacional de Seguimiento y Apoyo al Cumplimiento en un plazo de 10 días.
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Preguntas frecuentes
¿Qué ocurre con el cobro del consumo eléctrico en un contrato de obra pública si el contratista no instaló los remarcadores exigidos en las bases?
En este caso, la Contraloría General resolvió que, al no instalarse los remarcadores eléctricos exigidos, procede que la Dirección de Logística fije el costo del consumo eléctrico conforme al mecanismo dispuesto por la inspección técnica del contrato.
¿Puede la Administración recalcular el costo de la energía eléctrica en un contrato de construcción si no hay registro de lecturas de consumo?
En este caso, la Contraloría sostuvo que, al no existir registro de lectura por falta de remarcadores, no corresponde el recálculo basado en lecturas y debe aplicarse el mecanismo de la inspección técnica del contrato.
¿Qué obligación tiene la Administración tras un dictamen de la Contraloría sobre el cumplimiento de un contrato de obra?
En este caso, la Contraloría reiteró la obligación de liquidar el contrato e informar a la Coordinación Nacional de Seguimiento y Apoyo al Cumplimiento dentro de un plazo de 10 días.
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