El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad contra el artícu…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2018
Resumen
El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad contra el artículo 17 B, inciso segundo, de la Ley N° 17.798 sobre control de armas, en el contexto de una gestión judicial pendiente ante un Director Regional del Servicio de Impuestos Internos. La mayoría sostuvo que el legislador puede atribuir facultades jurisdiccionales a órganos administrativos, siempre que se respeten las garantías del debido proceso, y que el procedimiento del Código Tributario las resguarda. Sin embargo, la parte resolutiva final se centra en la impugnación del artículo 17 B: el Tribunal concluyó que su aplicación en la gestión pendiente no es contraria a la Constitución y rechazó lo solicitado por la requirente en ese punto. Un ministro previno en igual sentido, fundando que el legislador puede fijar delitos y penas sin afectar garantías fundamentales y que la norma no vulnera la igualdad ante la ley.
Normas citadas
inciso segundo
inciso tercero
inciso cuarto
artículo 120
artículo 125, inciso final
artículo 130
artículo 132
artículo 134
Tribunal ConstitucionalINApenas sustitutivasley de control de armasPrincipio de proporcionalidad de la PenaIgualdad ante la LeyDeterminación de la penaReinserción social
Preguntas frecuentes
¿Puede el legislador atribuir facultades jurisdiccionales a un órgano administrativo como el Servicio de Impuestos Internos en Chile?
Según esta sentencia, sí: la mayoría sostuvo que el legislador puede atribuir facultades jurisdiccionales a órganos administrativos, siempre que se respeten las garantías del debido proceso. En este caso, el Tribunal estimó que el procedimiento del Código Tributario resguarda esas garantías.
¿Es constitucional la aplicación del artículo 17 B de la Ley 17.798 sobre control de armas en una gestión judicial pendiente?
En este caso, el Tribunal Constitucional concluyó que la aplicación del artículo 17 B, inciso segundo, en la gestión pendiente no es contraria a la Constitución, y rechazó el requerimiento de inaplicabilidad en ese punto.
¿Puede una ley fijar delitos y penas sin vulnerar la igualdad ante la ley y las garantías fundamentales?
Un ministro que previno en igual sentido fundó que el legislador puede fijar delitos y penas sin afectar garantías fundamentales y que la norma impugnada no vulnera la igualdad ante la ley. Esa postura consta en la prevención, no en la mayoría.
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