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El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2020

Resumen

El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por un condenado respecto del inciso segundo del artículo 1° de la Ley N° 18.216, dentro de un proceso penal seguido ante el 15° Juzgado de Garantía de Santiago. La sentencia fue comunicada al Ministerio Secretaría General de la Presidencia, al Senado y a la Cámara de Diputadas y Diputados mediante correos oficiales de abril de 2020. El documento remitido corresponde únicamente a las comunicaciones de envío, por lo que el contenido argumental de la decisión no está disponible en el texto analizado. El resultado registrado es un acogimiento parcial del requerimiento.

Normas citadas

  • Constitución Política, artículo 19, numeral 2, inciso primero
  • Constitución Política, artículo 19, numeral 3, inciso sexto
Tribunal ConstitucionalINADebido ProcesoReinserción socialpenas sustitutivasDeterminación de la penaIgualdad ante la Leyley de control de armas

Preguntas frecuentes

¿El Tribunal Constitucional puede declarar inaplicable una norma de la Ley N° 18.216 en un proceso penal por vulnerar la Constitución?

En este caso, el Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra el inciso segundo del artículo 1° de la Ley N° 18.216 y lo acogió parcialmente. El resumen no permite conocer los fundamentos de la decisión.

¿Qué resolvió el Tribunal Constitucional sobre el inciso segundo del artículo 1° de la Ley N° 18.216?

En este caso, el Tribunal Constitucional acogió parcialmente el requerimiento de inaplicabilidad presentado por un condenado. El texto analizado solo contiene las comunicaciones de envío de la sentencia, por lo que su contenido argumental no está disponible.

¿Cómo se comunica al Congreso una sentencia de inaplicabilidad del Tribunal Constitucional?

En este caso, la sentencia fue comunicada al Ministerio Secretaría General de la Presidencia, al Senado y a la Cámara de Diputadas y Diputados mediante correos oficiales de abril de 2020. Esa comunicación no detalla los fundamentos de la decisión.

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