Resumen
El Consejo para la Transparencia acogió un amparo contra la Subsecretaría de Educación, que había denegado el acceso a una lista de establecimientos educacionales que debieron suspender parcial o totalmente su jornada por hechos de delincuencia (como balaceras o narcofunerales) desde 2018. El órgano invocó la causal de reserva del artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, pero el Consejo la desestimó: no acreditó que atender el requerimiento interrumpiera sus funciones ni exigiera una dedicación desproporcionada, y la información debía estar sistematizada en las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación. Tampoco se verificó una afectación presente o probable de derechos de terceros. En consecuencia, se ordenó entregar la información desagregada por región, con nombre y comuna del establecimiento, fecha y motivo de la suspensión, hasta el 22 de marzo de 2023, en un plazo de 20 días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada.