Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la consulta de una profesora contratada a honorarios en un programa preuniversitario de la Universidad de Santiago de Chile, quien pedía determinar si su situación contractual le permitía gozar de los derechos de protección a la mujer embarazada. El dictamen recuerda que, según el artículo 11, inciso tercero, de la ley N° 18.834, Estatuto Administrativo, el personal a honorarios se rige por lo que establezca su contrato y no le son aplicables las normas de dicho estatuto. Reiterando su jurisprudencia, concluye que estas personas no tienen otros beneficios que los expresamente pactados, los que no pueden exceder los que la ley reconoce a los funcionarios públicos, y que, por no ser funcionarias, no tienen estabilidad, fuero maternal ni las normas de protección a la maternidad del Código del Trabajo. Como en los antecedentes no constaba un acuerdo de las partes que reconociera esos beneficios, la universidad no estaba obligada a prorrogar los servicios una vez vencido el plazo contractual.