Resumen
La Contraloría General de la República rechazó el reclamo de ilegalidad presentado por una funcionaria municipal contra el decreto alcaldicio que le impuso la medida de destitución al término de un sumario administrativo instruido por la Municipalidad de San Bernardo. El organismo concluyó que, ante infracciones graves al principio de probidad, la autoridad debe aplicar la sanción expulsiva prevista por la ley, sin que la alcaldesa ejerciera la facultad de sustituirla por una medida menor. Asimismo, estimó que la demora en la tramitación no vicia el procedimiento al no afectar aspectos esenciales, aunque recordó la responsabilidad del instructor y de la unidad jurídica por cumplir los plazos. Además, determinó que la notificación durante una licencia médica es válida, y que las medidas disciplinarias rigen desde su notificación, sin suspensión por haberse deducido la reclamación.