Resumen
La Contraloría General de la República rechazó el reclamo de ilegalidad interpuesto por un funcionario municipal en contra de la medida de destitución que le impuso la Municipalidad de San Miguel al término de un sumario administrativo. El recurrente alegaba, entre otras cosas, la ambigüedad de los cargos formulados y que el alcalde habría desatendido la propuesta del fiscal instructor. El organismo estimó que los cargos fueron presentados con claridad, como lo demuestran los descargos del inculpado y su recurso de reposición, y que el expediente sumarial contenía antecedentes suficientes para acreditar los hechos, entre ellos un certificado de la unidad de personal y la declaración del propio afectado. Además, precisó que la potestad disciplinaria corresponde a la autoridad comunal conforme a la Ley N° 18.695 y a la Ley N° 18.883, por lo que la propuesta del instructor no es vinculante y puede ser modificada, incluso aumentando la sanción, como ocurrió en este caso.