Resumen
La Contraloría General de la República rechazó los reclamos de ilegalidad presentados por dos servidores municipales en contra de un sumario administrativo que culminó con las medidas disciplinarias de suspensión del empleo, censura y destitución. Los recurrentes alegaron prejuzgamiento del alcalde, falta de información sobre su calidad al declarar, errónea valoración de la prueba y omisión de diligencias que habrían demostrado su inocencia. El órgano contralor determinó que no se advierte prejuzgamiento, que la decisión que rechazó la reposición se encuentra debidamente fundada, que la falta de información sobre la calidad de declarante no es esencial ni afectó el derecho a defensa, y que la ponderación de la prueba corresponde a la Administración activa, no a la Contraloría. Asimismo, precisó que el fiscal no está obligado a ordenar diligencias si el inculpado solo las pide sin ofrecer rendirlas. En consecuencia, se desestimaron las presentaciones.