Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la protección que el artículo 90 A de la ley N° 18.834 otorga a funcionarios que denuncian irregularidades, la cual exige que la denuncia se presente ante el jefe superior del servicio al que pertenece el funcionario. El dictamen analizó los requisitos del artículo 90 B, que exigen una denuncia fundada, por escrito y firmada. Concluyó que las dos primeras denuncias se dirigieron al director del Departamento de Salud Municipal y al alcalde, y no a la superioridad del servicio, mientras que la tercera fue un correo a otra funcionaria que no narraba hechos irregulares. En consecuencia, ninguna resultó apta para acceder al beneficio, y se confirmaron los dictámenes anteriores.