Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre una solicitud de la Municipalidad de Galvarino relativa al cumplimiento de su resolución N° 3.826, de 2010, que había ordenado el reintegro de sumas pagadas a funcionarios por concepto de incremento previsional. Tras la notificación de una sentencia definitiva, la municipalidad efectuó el pago del incremento calculado conforme a la normativa y jurisprudencia administrativa del organismo. En consecuencia, el órgano contralor dejó sin efecto dicha resolución, por cuanto su cumplimiento podría implicar el desacato de una resolución judicial ejecutoriada. Asimismo, precisó que la existencia de demandas sobre la forma de calcular el beneficio no altera la obligatoriedad de sus dictámenes ni sus facultades fiscalizadoras, dado que la prohibición legal de intervenir en asuntos litigiosos solo se refiere a la emisión de dictámenes sobre esas materias. Finalmente, señaló que el dictamen N° 12.809, de 2010, no incide en el asunto, pues se limitó a resolver una solicitud de reconsideración de un dictamen anterior.