Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la solicitud de la Municipalidad de Saavedra, que pidió dejar sin efecto en parte su resolución 3925/2010, la cual ordenaba el reintegro de sumas pagadas indebidamente a funcionarios municipales por el incremento previsional, al incluir en la base de cálculo asignaciones no afectas a imposiciones. La municipalidad alegó que cumplirla implicaría desatender lo ordenado por la Corte de Apelaciones de Temuco en un recurso de protección presentado por los funcionarios, pudiendo configurarse desacato. El organismo constató que el fallo judicial, sin pronunciarse sobre el fondo, impidió a la municipalidad descontar lo pagado conforme al dictamen 8.466, de 2008, y que la Corte Suprema lo confirmó. Como la entidad no informó las medidas adoptadas tras esa sentencia ni la forma actual de pago, resolvió dejar sin efecto la resolución 3925/2010 en la parte que incide en lo resuelto por la Corte de Apelaciones, manteniendo la orden de reintegro respecto de los pagos indebidos realizados después de la notificación del fallo.