Resumen
La Fiscalía Nacional Económica analizó una denuncia contra la administración de un centro comercial por una cláusula de exclusividad contenida en el contrato de arriendo de un supermercado, que impedía arrendar un local a un tercero para instalar una panadería. El denunciante sostuvo que, tras consultar por un local disponible, la administradora le señaló que no podía celebrar el contrato por esa restricción accesoria pactada con el supermercado. La Fiscalía observó que la industria panificadora en Chile está atomizada, con miles de locales, y que los requisitos sanitarios para comercializar pan son comunes a cualquier rubro alimentario, sin constituir barreras de entrada, y que tampoco se advierten otras barreras legales, restricciones o costos hundidos relevantes. Sobre esa base concluyó que restricciones accesorias como la pactada pueden tener un fundamento económico razonable y consistente con el régimen de libre competencia, sin perjuicio de que podrían contravenir el DL 211 si tienen aptitud para producir resultados exclusorios.