Resumen
La Fiscalía Nacional Económica analizó una denuncia por una cláusula incluida en un contrato de arrendamiento de un centro comercial, en virtud de la cual el arrendador se obligaba a no arrendar locales a panaderías ni a otros giros de supermercado o hipermercado. Según la denuncia, esta restricción podía afectar la competencia en la venta de pan. El informe, en su análisis, consideró que este tipo de restricciones accesorias pueden tener un fundamento económico razonable y que el mercado relevante presenta condiciones que permitirían la entrada oportuna de nuevos competidores, de modo que, a juicio de la División de Investigaciones, correspondía archivar la denuncia. La recomendación se fundó en el artículo 3 del Decreto Ley N° 211, que regula la libre competencia.