Resumen
La Contraloría General de la República conoció un reclamo de una ex funcionaria destituida del Servicio de Salud Araucanía Sur en 2006, quien cuestionó la negativa de la División Jurídica del Ministerio Secretaría General de la Presidencia a acceder a su solicitud de rehabilitación administrativa, por haber transcurrido más de cinco años desde la destitución. El organismo recordó que la ley exige decreto supremo de rehabilitación para nombrar a personas separadas o destituidas, pero señaló que, conforme a un dictamen previo, quienes fueron separados de un cargo público ya no requieren ese trámite una vez cumplido el plazo de cinco años, pues la inhabilidad legal ha cesado. Por esa razón, concluyó que no corresponde pronunciarse sobre la legalidad de la negativa, por resultar inoficioso.