Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre un reclamo relativo a la situación funcionaria de un trabajador de la Municipalidad de Santiago, que cumplía cometidos distintos a los de su cargo. El organismo constató que no era posible verificar si el trabajador había reasumido sus funciones propias, porque el municipio no respondió a los requerimientos de informe. Recordó su jurisprudencia de que los cometidos no deben convertirse en una asignación permanente de labores que separe al servidor de su cargo. Ordenó regularizar la situación del trabajador y también informar si el cargo de subdirector de personal era servido por una funcionaria a contrata, lo que no fue acreditado. Aclaró que quienes están contratados a contrata no pueden desempeñar cargos directivos o de jefatura, por su carácter resolutivo, decisorio o ejecutivo, reservados a personal de planta. Fijó un plazo de 15 días hábiles para informar y advirtió que debe cumplir estrictamente los requerimientos del organismo, conforme a la ley N° 10.336.