Resumen
La Contraloría General de la República tomó razón del decreto N° 1.955, de 2014, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que dispuso el cese de un funcionario de la Policía de Investigaciones de Chile incorporado en la lista anual de retiros. El funcionario cuestionó su calificación, su ubicación en la cuota de alejamiento sin que su evaluación estuviese afinada, y la solicitud de devolución de especies fiscales. El organismo concluyó que la preceptiva permite ubicar en esa cuota a empleados calificados en la Lista N° 3, que la decisión responde a una necesidad institucional y que la impugnación fue rechazada por la junta respectiva. Además, precisó que la devolución de especies no implica pérdida de la calidad de funcionario, y que la calificación e incorporación en la nómina se ajustaron a derecho.