La Corte de Apelaciones de Santiago conoció un recurso de protección interpuesto por un…
Sentencia · Corte de Apelaciones · 2025
Resumen
La Corte de Apelaciones de Santiago conoció un recurso de protección interpuesto por una funcionaria contra el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, a raíz de una censura aplicada en un sumario administrativo. La recurrente alegó la prescripción de la acción disciplinaria y el decaimiento del procedimiento. El tribunal rechazó la alegación de decaimiento, pues esta figura, de reconocimiento jurisprudencial, exige que el procedimiento se prolongue por más de dos años, plazo que no se cumplió entre la formulación de cargos y la aplicación de la sanción. Asimismo, desestimó el recurso por no acreditarse la ilegalidad o arbitrariedad del acto impugnado ni la vulneración de los derechos fundamentales invocados, sin condena en costas.
Normas citadas
DFL N° 29
Resolución Exenta N° 984
Resolución Exenta N° 256
Ley N° 19.880
Resolución Exenta N° 00256
Ley N° 19.882
Ley 18.834
Código del Trabajo
recurso de protecciónsumario administrativoprescripción de la acción disciplinariaartículo 158 Estatuto Administrativoartículo 159 Estatuto Administrativodecaimiento del procedimiento administrativocaducidad del procedimientodebido proceso
Preguntas frecuentes
¿Cuándo procede el decaimiento del procedimiento administrativo disciplinario en Chile?
En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó la alegación de decaimiento, porque esta figura, de reconocimiento jurisprudencial, exige que el procedimiento se prolongue por más de dos años, plazo que no se cumplió entre la formulación de cargos y la sanción.
¿Puede un funcionario público recurrir de protección contra una censura en un sumario administrativo?
En este caso, la funcionaria interpuso un recurso de protección contra la censura aplicada en el sumario, pero la Corte lo desestimó por no acreditar ilegalidad o arbitrariedad del acto ni vulneración de derechos fundamentales.
¿Qué debe probar quien recurre de protección contra una sanción administrativa?
En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago sostuvo que la recurrente debía acreditar la ilegalidad o arbitrariedad del acto impugnado y la vulneración de los derechos invocados, lo que no ocurrió, y no impuso costas.
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