La Contraloría General de la República resolvió que no procede que un Servicio de Biene…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2019
Resumen
La Contraloría General de la República resolvió que no procede que un Servicio de Bienestar de la Administración del Estado gestione, como intermediario y mediante la suscripción de un convenio marco, la adquisición de gas para sus asociados. Recordó que el artículo 16 del decreto N° 28, de 1994, permite a estos servicios celebrar convenios con empresas para obtener bienes o servicios que satisfagan las necesidades de sus afiliados, y que, conforme a la ley N° 19.886, sus contrataciones onerosas quedan sujetas a esa normativa. Precisó que la compra de vales de gas para revenderlos a los afiliados no constituye la entrega de beneficios de bienestar social, y que tampoco procede que los afiliados adquieran directamente los bienes del catálogo, pues ese vínculo no puede extenderse a terceros particulares. No obstante, indicó que los Servicios de Bienestar pueden acordar descuentos para sus afiliados mediante convenios con proveedores, los que no se rigen por la ley N° 19.886.
Normas citadas
Dto 28/94 TRAPS art/1
Ley 11764 art/134
DTO 28/94 traps art/14
Dto 28/94 TRAPS art/16 inc/1
Ley 19886 art/1
ContraloríaCGRdictamengenera jurisprudencia
Preguntas frecuentes
¿Puede un Servicio de Bienestar de la Administración del Estado intermediar la compra de gas para sus afiliados mediante un convenio marco?
En este caso, la Contraloría General de la República resolvió que no procede. Precisó que comprar vales de gas para revenderlos a los afiliados no constituye un beneficio de bienestar social.
¿Pueden los afiliados de un Servicio de Bienestar comprar directamente bienes de un catálogo de convenio marco?
En este caso, la Contraloría sostuvo que no procede, porque ese vínculo no puede extenderse a terceros particulares. Los beneficios deben dirigirse a los afiliados según su normativa.
¿Qué pueden hacer los Servicios de Bienestar para ofrecer ventajas de compra a sus afiliados?
En este caso, la Contraloría indicó que pueden acordar descuentos para sus afiliados mediante convenios con proveedores. Esos convenios no se rigen por la ley N° 19.886.
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