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La Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de protección presentado por una…

Sentencia · Corte de Apelaciones · 2025

Resumen

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de protección presentado por una trabajadora extranjera de nacionalidad peruana contra la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A., que había rechazado su solicitud de devolución de fondos previsionales. La trabajadora, contratada en Chile y acogida a la Ley N°18.156 para técnicos profesionales extranjeros, presentó certificados de afiliación a una AFP en su país de origen y de un plan de salud privado, mientras la AFP sostenía que el certificado de salud no constituía una EPS válida. La Corte concluyó que los documentos cumplían los requisitos legales, que la ley permite la devolución cuando se acredita afiliación a un régimen integral en el país de origen, y que la interpretación restrictiva de la AFP constituyó un acto arbitrario e ilegal que vulneró garantías constitucionales, incluida la igualdad ante la ley. En consecuencia, ordenó a Planvital devolver la totalidad de los fondos acumulados en la cuenta de la recurrente dentro de cinco días hábiles contados desde que la sentencia quede ejecutoriada.

Normas citadas

  • Ley N°18.156, artículo 1°
  • Constitución Política de la República, artículo 19, números 2 y 24
  • Compendio de Normas de Protección de las Garantías Constitucionales
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Preguntas frecuentes

¿Es arbitrario que una AFP rechace una devolución de fondos por considerar que un certificado de salud privado no es una EPS válida?

En este caso, la Corte concluyó que la interpretación restrictiva de la AFP, que desconoció el certificado de un plan de salud privado, constituyó un acto arbitrario e ilegal. Estimó que vulneró garantías constitucionales, incluida la igualdad ante la ley.

¿Cuál es el plazo para que una AFP devuelva fondos previsionales ordenados por un recurso de protección?

En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó a la AFP devolver los fondos dentro de cinco días hábiles contados desde que la sentencia quede ejecutoriada. El plazo corre así desde que el fallo queda firme.

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