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Libre competencia

La Fiscalía Nacional Económica resolvió desestimar una denuncia confidencial presentada…

Resolución · Fiscalía Nacional Económica · 2010

Resumen

La Fiscalía Nacional Económica resolvió desestimar una denuncia confidencial presentada contra la Municipalidad de Viña del Mar, que cuestionaba que no realizara nuevas licitaciones para renovar o asignar el servicio de transporte y recolección de residuos sólidos domiciliarios. El organismo reconoció que la falta de licitaciones periódicas podría inhibir la competencia y que sería conveniente que las municipalidades licitaran estos servicios, pero concluyó que la denuncia no daba cuenta de hechos, actos o convenciones que justificaran abrir una investigación. Sin perjuicio de ello, indicó que si se confirmara que hubo asignaciones o renovaciones sin licitación, dicha conducta podría infringir la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, por lo que ordenó remitir los antecedentes a la Contraloría General de la República para su fiscalización.

Normas citadas

  • Ley N° 18.695
  • Decreto Ley N° 211

Preguntas frecuentes

¿Puede la Fiscalía Nacional Económica investigar a una municipalidad por no licitar el servicio de recolección de residuos domiciliarios?

En este caso, la Fiscalía Nacional Económica desestimó la denuncia porque no daba cuenta de hechos, actos o convenciones que justificaran abrir una investigación. Reconoció que la falta de licitaciones periódicas podría inhibir la competencia.

¿Qué pasa si una municipalidad renueva o asigna el servicio de recolección de basura sin licitación?

En este caso, la Fiscalía indicó que, si se confirma una asignación o renovación sin licitación, la conducta podría infringir la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Por ello, remitió los antecedentes a la Contraloría General de la República para su fiscalización.

¿A qué organismo se deben denunciar las irregularidades en licitaciones municipales de transporte o recolección de residuos?

En este caso, la Fiscalía Nacional Económica resolvió remitir los antecedentes a la Contraloría General de la República, que es el organismo encargado de fiscalizar esas asignaciones municipales. La propia Fiscalía no abrió investigación por este asunto.

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