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Libre competencia

La Fiscalía Nacional Económica resolvió archivar una denuncia contra la Municipalidad d…

Resolución · Fiscalía Nacional Económica · 2012

Resumen

La Fiscalía Nacional Económica resolvió archivar una denuncia contra la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda por la contratación directa del servicio de recolección de residuos sólidos domiciliarios, tras declararse desierta una licitación pública. La denuncia alegaba una supuesta infracción a las Instrucciones de Carácter General de la Fiscalía. La Fiscalía concluyó que los hechos no constituyen conductas sancionadas por el DL 211, pues no existían antecedentes de que la municipalidad hubiera recurrido a la contratación directa con el fin de restringir la entrada de competidores. Precisó además que la regularidad del proceso de licitación corresponde a la Contraloría General de la República o al Tribunal de Contratación Pública, y que las Instrucciones solo regulan el control preventivo de las bases de licitación. Sin perjuicio de ello, la Fiscalía conservó su facultad de velar por la libre competencia en los mercados.

Normas citadas

  • Decreto Ley N° 211

Preguntas frecuentes

¿Constituye una infracción a la libre competencia que una municipalidad contrate directamente un servicio tras declararse desierta una licitación pública?

En este caso, la Fiscalía Nacional Económica concluyó que no, porque no existían antecedentes de que la municipalidad hubiera recurrido a la contratación directa con el fin de restringir la entrada de competidores, por lo que los hechos no constituían conductas sancionadas por el DL 211.

¿Quién debe revisar si un proceso de licitación municipal fue regular?

En este caso, la Fiscalía precisó que la regularidad del proceso de licitación corresponde a la Contraloría General de la República o al Tribunal de Contratación Pública, y no a ella.

¿Qué alcance tienen las Instrucciones de Carácter General de la Fiscalía Nacional Económica sobre licitaciones?

En este caso, la Fiscalía sostuvo que sus Instrucciones solo regulan el control preventivo de las bases de licitación, por lo que no sirven para cuestionar después la contratación directa denunciada, aunque conserva su facultad de velar por la libre competencia en los mercados.

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