La Fiscalía Nacional Económica analizó las bases de una licitación municipal para el se…
Informe · Fiscalía Nacional Económica · 2011
Resumen
La Fiscalía Nacional Económica analizó las bases de una licitación municipal para el servicio de aseo y advirtió que exigir que el adjudicatario mantenga oficina y taller de reparaciones dentro de la comuna, con patente municipal vigente durante todo el contrato, configura una barrera de entrada contraria a las Instrucciones de carácter general N° del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que prohíben a las municipalidades imponer exigencias que otorguen ventajas artificiales o reduzcan injustificadamente el número de potenciales participantes. El organismo consideró que las restricciones del plan regulador comunal, los tiempos para obtener permisos sanitarios y ambientales y el breve plazo entre adjudicación e inicio del servicio hacen difícil cumplir esa exigencia, por lo que recomendó admitir una base de operaciones ubicada dentro de la región, de modo que no se constituya en una barrera de entrada para eventuales oferentes. Además, solicitó al municipio remitir a la Fiscalía el texto íntegro de las comunicaciones vinculadas al examen de las bases, hasta su versión final.
Preguntas frecuentes
¿Puede una municipalidad exigir que el adjudicatario de una licitación tenga oficina y taller dentro de la comuna?
En este caso, la Fiscalía Nacional Económica advirtió que exigir oficina y taller dentro de la comuna, con patente municipal vigente durante todo el contrato, configura una barrera de entrada contraria a las instrucciones del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.
¿Qué recomendó la Fiscalía Nacional Económica sobre las bases de una licitación municipal de aseo?
En este caso, la Fiscalía recomendó admitir una base de operaciones ubicada dentro de la región, para que la exigencia no se constituya en una barrera de entrada para eventuales oferentes.
¿Qué exigencias en licitaciones municipales pueden considerarse barreras de entrada en libre competencia?
En este caso, la Fiscalía sostuvo que exigir oficina y taller con patente municipal vigente durante todo el contrato configura una barrera de entrada, por las restricciones del plan regulador, los tiempos de permisos y el breve plazo entre adjudicación e inicio del servicio.
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