Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la situación de una profesional contratada a honorarios por la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación para labores docentes y de evaluación fuera de la jornada habitual. Se discutía si el pacto presentado, que no fue suscrito por la interesada ni aprobado mediante acto administrativo, podía producir efectos y si correspondía el pago de los servicios. El organismo concluyó que, al no haber sido suscrito, el contrato no produjo efectos jurídicos, por lo que la interesada solo tuvo una mera expectativa y no se advirtió ilegalidad en la actuación de la autoridad. Sin embargo, reconoció que los servicios fueron efectivamente prestados, por lo que, en virtud del principio retributivo y para evitar un enriquecimiento sin causa del empleador, la interesada tiene derecho al pago de las tareas desarrolladas.