El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2011
Resumen
El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, promovido por la empresa ENEL Distribución Chile S.A., respecto de los artículos 1, inciso primero, letra a), y segundo, en la frase impugnada, y 8 de la Ley N° 21.249, que difirió temporalmente el ejercicio de facultades de cobro y corte de suministro eléctrico. La mayoría rechazó el requerimiento. El Tribunal consideró que la norma ya no producía efectos al cesar su vigencia el 31 de diciembre de 2021, lo que permitía a la requirente ejercer nuevamente dichas facultades. Asimismo, estimó que la ley no vulneraba el derecho de propiedad ni imponía una carga pública inconstitucional, pues sólo difería temporalmente ciertas facultades sin eliminar el derecho a cobrar las tarifas adeudadas, en un contexto de emergencia sanitaria y como medida razonable y proporcional para garantizar el acceso a servicios básicos.
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Preguntas frecuentes
¿Una ley que difiere temporalmente el cobro y corte del suministro eléctrico vulnera el derecho de propiedad de la empresa distribuidora?
En este caso, el Tribunal Constitucional, por mayoría, sostuvo que no, porque la ley solo difirió temporalmente ciertas facultades sin eliminar el derecho a cobrar las tarifas adeudadas, en un contexto de emergencia sanitaria y como medida razonable y proporcional.
¿Procede declarar inaplicable un artículo de ley que ya dejó de tener vigencia al momento de resolver el requerimiento?
En este caso, el Tribunal Constitucional consideró que la norma ya no producía efectos al cesar su vigencia, lo que permitía a la empresa ejercer nuevamente sus facultades de cobro y corte, por lo que rechazó el requerimiento.
¿Una medida legal que suspende el corte de suministro eléctrico por emergencia sanitaria impone una carga pública inconstitucional a las distribuidoras?
En este caso, el Tribunal Constitucional estimó que la ley no imponía una carga pública inconstitucional, pues actuaba como medida para garantizar el acceso a servicios básicos durante la emergencia sanitaria.
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