Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre el cobro de derechos municipales por la explotación de máquinas de juego en la comuna de Independencia, establecido en una ordenanza municipal. El organismo concluyó que el municipio no se ajustó a derecho, pues las acciones que la ordenanza invocaba como fundamento de la exacción corresponden, en realidad, a la fiscalización propia de las municipalidades sobre actividades gravadas con patente comercial. En consecuencia, ordenó restituir las sumas percibidas indebidamente, considerando los plazos de prescripción del Código Civil, y modificar la ordenanza, informando en 30 días hábiles. Además, precisó que una resolución con carácter de ordenanza no puede aprobarse mediante decreto alcaldicio.