El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado por la Fundación Centro de…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2024
Resumen
El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado por la Fundación Centro de Políticas Migratorias en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, que había negado el acceso a información sobre personas registradas por ingresar al país por pasos habilitados entre 2013 y 2023. El Consejo estimó que se trataba de información pública en poder del órgano y desestimó la causal de reserva por afectación al debido funcionamiento del órgano. Ordenó entregar una base de datos en formato Excel, anonimizada, sin cédula de identidad ni domicilio de las personas, conforme a la Ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada. Además, le exigió acreditar el cumplimiento dentro de plazo, advirtiendo sanciones de multa y suspensión del cargo para la autoridad que persista en su incumplimiento. La decisión es susceptible de reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones correspondiente en 15 días corridos.
Normas citadas
Ley de Transparencia
amparoDecisión de FondoOtros
Preguntas frecuentes
¿Puede la PDI negarse a entregar información sobre ingresos de personas al país por pasos habilitados alegando que afecta el debido funcionamiento del órgano?
En este caso, el Consejo para la Transparencia estimó que se trataba de información pública en poder de la PDI y desestimó la causal de reserva por afectación al debido funcionamiento del órgano, por lo que acogió el amparo.
¿Qué debe entregar un organismo público cuando se acoge un amparo de acceso a la información pero existen datos personales?
En este caso, el Consejo ordenó entregar una base de datos en formato Excel, anonimizada, sin cédula de identidad ni domicilio de las personas, conforme a la Ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada.
¿Qué sanciones enfrenta una autoridad que no cumple una decisión del Consejo para la Transparencia en un amparo?
En este caso, el Consejo exigió acreditar el cumplimiento dentro de plazo, advirtiendo multa y suspensión del cargo para la autoridad que persista en el incumplimiento. La decisión puede reclamarse de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones en 15 días corridos.
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