El 2.º Juzgado de Policía Local de Puente Alto dictó sentencia en una acción especial d…
Sentencia · 2DO JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE PUENTE ALTO · 2024
Resumen
El 2.º Juzgado de Policía Local de Puente Alto dictó sentencia en una acción especial de la Ley 20.009, interpuesta por un banco contra un cliente respecto de transacciones electrónicas desconocidas, con cargos y restitución de fondos. El banco sostuvo que no debe responder cuando el titular del producto financiero entrega sus claves, token o datos sensibles a terceros, pues en tal caso las operaciones no son ajenas a su voluntad y no hay vulneración real a las medidas de seguridad de la entidad. Solicitó dejar sin efecto la cancelación de los cargos y la restitución de fondos ya realizada, ordenando a la demandada restituir una suma equivalente a UF 35, más reajustes e intereses, y dejar sin efecto la obligación de restituir el excedente sobre ese monto, con costas. La demandada contestó solicitando el rechazo de la demanda. El tribunal acogió la acción, conforme al resultado registrado.
Normas citadas
Ley 19.496, Art. 1
Sentencia DefinitivaInterés IndividualQuerella infraccional y demanda de indemnización de perjuicios
Preguntas frecuentes
¿Puede un banco negarse a restituir fondos si el cliente entregó sus claves o token a terceros?
En este caso, el tribunal acogió la acción del banco, dejando sin efecto la cancelación de cargos y la restitución de fondos, al sostener que si el titular entrega sus claves o datos sensibles, las operaciones no son ajenas a su voluntad.
¿Qué ocurre si el usuario desconoce transacciones electrónicas y el banco alega que entregó sus datos?
En este caso, el tribunal acogió la demanda del banco y ordenó a la demandada restituir una suma equivalente a UF 35, más reajustes e intereses, dejando sin efecto la obligación de restituir el excedente.
¿Procede la restitución de fondos por cargos revertidos si el cliente habría entregado sus claves?
En este caso, el tribunal acogió la acción y dejó sin efecto la cancelación de cargos y la restitución de fondos ya realizada, ordenando a la demandada restituir una suma equivalente a UF 35, más reajustes e intereses.
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