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Se trata de la sentencia de segunda instancia dictada por la Tercera Sala de la Corte d…

Sentencia · 2DO JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE PUENTE ALTO · 2024

Resumen

Se trata de la sentencia de segunda instancia dictada por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel en una causa de consumidor originada en el Segundo Juzgado de Policía Local de Puente Alto, relativa a una querella infraccional y una demanda civil de un banco contra un cliente por transferencias electrónicas no reconocidas. El debate se centró en determinar si el cliente incurrió en culpa grave en la custodia de sus claves bancarias. La Corte confirmó que existió negligencia grave, apoyándose en la propia denuncia del cliente, quien reconoció que tenía claves asociadas en el teléfono y que, pese a avisar a un banco, olvidó dar aviso a otra entidad donde mantenía una línea de crédito. Para el tribunal, ese olvido constituye negligencia grave, pues el cliente conocía el procedimiento aplicable conforme a la Ley N° 18.287 y la Ley N° 21.234. Por lo anterior, la Corte revocó la decisión que había sido recurrida y confirmó la sentencia apelada de primera instancia.

Normas citadas

  • Ley N° 21.234
  • Ley N° 20.009
  • Ley N° 19.496
  • Código Civil
  • Ley N° 18.287
  • Ley N° 15.231
  • Oficio N° 35932
  • Artículo 44 del Código Civil
Sentencia DefinitivaInterés IndividualQuerella infraccional y demanda de indemnización de perjuicios

Preguntas frecuentes

¿Puede un banco exigir al cliente responsabilidad por transferencias no reconocidas cuando el cliente conocía el procedimiento de aviso?

En este caso, la Corte consideró que el cliente conocía el procedimiento aplicable conforme a la Ley N° 18.287 y la Ley N° 21.234, por lo que su omisión de aviso fue determinante para confirmar la negligencia grave. Se confirmó la sentencia de primera instancia.

¿Cómo influye la propia denuncia del cliente en la prueba de la culpa grave en un juicio de consumidor por fraude bancario?

En este caso, la Corte se apoyó en la propia denuncia del cliente, en la que reconoció que tenía claves asociadas en el teléfono y que no avisó a una entidad donde mantenía crédito. Con esa declaración, revocó la decisión recurrida y confirmó la sentencia apelada.

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