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El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad presentado por u…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2025

Resumen

El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad presentado por una empresa de seguridad privada sancionada por el Segundo Juzgado de Policía Local de La Florida con una multa de 25 ingresos mínimos mensuales, por mantener personal realizando labores de seguridad privada sin la capacitación obligatoria ni la directiva de funcionamiento aprobada. La empresa cuestionó el artículo 8, inciso segundo, del Decreto Ley N° 3.607 de 1981, que regula las multas por infracciones a la Ley de Vigilantes Privados, por considerarlo contrario a la Constitución. El Tribunal rechazó el requerimiento por mayoría, con prevención y disidencia. Estimó que la aplicación del precepto no produce los efectos inconstitucionales alegados, porque la sentencia fue apelada solo por la propia requirente, por lo que la Corte de Apelaciones de Santiago no puede imponer una sanción más gravosa que la ya fijada, la cual corresponde al mínimo legal posible.

Normas citadas

  • Decreto Ley Nº 3.607 de 1981, artículo 8, inciso segundo
  • Ley Nº 18.287
  • Decreto Ley Nº 3.607 de 1981, artículo 5 bis, inciso tercero
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Preguntas frecuentes

¿Puede el Tribunal Constitucional declarar inaplicable una multa por infracciones a la Ley de Vigilantes Privados si el juez ya la fijó en el mínimo legal?

En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento porque la aplicación del precepto no produjo los efectos inconstitucionales alegados. La sentencia fue apelada solo por la propia empresa, por lo que el tribunal de alzada no podía imponer una sanción más gravosa que la ya fijada, correspondiente al mínimo legal.

¿Qué efecto tiene que solo el infractor apele una sentencia de multa en materia de seguridad privada?

En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que, al haber apelado únicamente la empresa sancionada, la Corte de Apelaciones no puede agravar la multa impuesta en primera instancia. Esa prohibición de reforma en peor fue considerada relevante para descartar un perjuicio constitucional.

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