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El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2025

Resumen

El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado contra el artículo 8°, inciso segundo, del Decreto Ley N° 3.607, que regula las multas por infracciones a la normativa de vigilantes privados. El requirente alegaba vulneración de los principios de proporcionalidad e igualdad ante la ley. El Tribunal concluyó que la norma impugnada no fue, no es ni puede ser decisiva en la gestión judicial pendiente, pues no fue aplicada en la sentencia de primera instancia y el único apelante es el propio requirente, de modo que la Corte de Apelaciones no podía elevar la multa por la prohibición de reformatio in peius, propia del debido proceso. Al no cumplirse la exigencia de decisividad de los artículos 81 y 84 N° 5 de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, y no haber el requirente explicado satisfactoriamente cómo el precepto podría ser decisivo, se rechazó el requerimiento en todas sus partes, se dejó sin efecto la suspensión del procedimiento decretada y no se condenó en costas por estimarse que tuvo motivo plausible para litigar.

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Preguntas frecuentes

¿Qué se necesita para que el Tribunal Constitucional acoja un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad?

En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento porque la norma impugnada no fue, no es ni puede ser decisiva en la gestión pendiente, exigencia de los artículos 81 y 84 N° 5 de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional.

¿Puede la Corte de Apelaciones aumentar una multa si solo el condenado apeló la sentencia?

En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que la Corte de Apelaciones no podía elevar la multa por la prohibición de reformatio in peius, propia del debido proceso, ya que el único apelante era el propio requirente.

¿Qué pasa si el requirente no explica cómo la norma impugnada puede ser decisiva en la gestión pendiente?

En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento en todas sus partes porque el requirente no explicó satisfactoriamente cómo el precepto podría ser decisivo, además de no cumplirse la exigencia de decisividad.

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