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Se interpone requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2024

Resumen

Se interpone requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra el inciso segundo del artículo 8º del Decreto Ley Nº3.607 de 1981, que establece multas por infracciones a la Ley de Vigilantes Privados. El requerimiento surge de una gestión pendiente seguida ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en la que se cuestiona la constitucionalidad de las sanciones pecuniarias aplicables a las contravenciones a dicha ley. El recurrente solicita la suspensión del procedimiento, la remisión del expediente judicial electrónico, que se tengan por acompañados los certificados que acreditan la gestión pendiente, que se ordenen alegatos, que se oficie a la Corte de Apelaciones para la remisión del expediente, y que las notificaciones se realicen por correo electrónico. El Tribunal Constitucional acoge a trámite el requerimiento y ordena oficiar a la Corte de Apelaciones de Santiago para que remita el expediente judicial electrónico.

Normas citadas

  • Artículo 93 Nº6 de la Constitución Política de la República
  • Artículo 31 Nº6 de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional
  • Artículos 79 y siguientes de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional
  • Artículo 8º del Decreto Ley Nº3.607 de 1981
  • Ley Nº18.287
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Preguntas frecuentes

¿Qué debe hacer el Tribunal Constitucional cuando admite a trámite un requerimiento de inaplicabilidad?

En este caso, el Tribunal Constitucional ordenó oficiar a la Corte de Apelaciones de Santiago para que remita el expediente judicial electrónico de la gestión pendiente. El recurrente había solicitado además la suspensión del procedimiento, la realización de alegatos y que las notificaciones se hicieran por correo electrónico.

¿Qué antecedentes debe acompañar quien presenta un requerimiento de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional?

En este caso, el recurrente solicitó que se tuvieran por acompañados los certificados que acreditan la gestión pendiente en la que se cuestiona la constitucionalidad de las sanciones pecuniarias de la Ley de Vigilantes Privados. Estos certificados sirven para acreditar la existencia de la gestión judicial que sustenta el requerimiento.

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