Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre las gestiones de la Policía de Investigaciones de Chile para pagar a una exfuncionaria la asignación por actividad peligrosa o nociva para la salud, correspondiente al periodo entre julio de 2010 y abril de 2014. El organismo informó que solicitó a la Dirección de Presupuestos los recursos necesarios, sin que estos hayan sido concedidos, quedando el pago supeditado a su obtención. El organismo contralor reiteró que las obligaciones deben solventarse con los fondos consultados en el presupuesto vigente, mediante las readecuaciones presupuestarias necesarias, a la brevedad y considerando los plazos de prescripción. Se ordenó a la institución informar, dentro de treinta días hábiles, las nuevas gestiones realizadas respecto de la exfuncionaria y de otros funcionarios en situación similar.