Resumen
La Contraloría General de la República ratificó en todas sus partes el dictamen N° 92.006, de 2015, y concluyó que el decreto N° 353, de 2009, del ex Ministerio del Interior, que dispuso la expulsión del territorio nacional de un extranjero, se ajustó a derecho. Al rechazar la solicitud del interesado, el organismo no encontró antecedentes que permitieran variar lo ya resuelto. Respecto de la prescripción alegada, el dictamen indica que el decreto ley N° 1.094, de 1975, no fija un plazo de duración para la medida de expulsión, por lo que ésta permanece vigente hasta que se revoque o suspenda temporalmente conforme a la ley. En consecuencia, la medida tiene carácter indefinido. Además, la obtención de una visación en el exterior no deroga la expulsión, y la normativa prohíbe el ingreso de quienes hayan sido expulsados mientras el decreto no sea derogado.