Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la impugnación del decreto N° 353, de 2009, del ex Ministerio del Interior, que dispuso la expulsión de un ciudadano extranjero. El organismo concluyó que el decreto fue dictado por la autoridad competente, dentro de sus atribuciones y debidamente fundado, ajustándose a la normativa vigente. Explicó que la expulsión procede cuando el extranjero incurre en las conductas previstas legalmente, sin que sea necesario que la sentencia dictada en su contra se encuentre ejecutoriada. Respecto de la falta de notificación, aplicó el artículo 47 de la ley N° 19.880, al considerar que el afectado reconoció conocer el decreto en una presentación ante el organismo, por lo que se tuvo por notificado tácitamente. Finalmente, instruyó al D.E.M. y a la Policía de Investigaciones de Chile a adoptar medidas para asegurar la oportuna tramitación de los actos que les corresponden.