Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la legalidad de la exigencia de una declaración jurada a extranjeros que solicitan residencia, establecida en el artículo 15, letra d), del decreto N° 597, de 1984, del Ministerio del Interior. El organismo concluyó que el Servicio Exterior puede exigir dicha declaración sin restringir garantías constitucionales, y que su actuar se ajusta a derecho. Respecto a la denuncia sobre una supuesta aplicación ilegal de esa norma por parte del D.E.M. (DEM), la Contraloría señaló que la declaración jurada no es aplicable a los trámites realizados en el DEM, pues la discrecionalidad no autoriza exceder la competencia legal. Finalmente, indicó que no existe disposición que permita la expulsión de extranjeros por razones políticas sin acreditación objetiva de las circunstancias previstas en el artículo 15, Nº 1, del decreto ley N° 1.094, de 1975, que prohíbe el ingreso por actividades que atenten contra la institucionalidad.