Resumen
La Contraloría General de la República tomó razón del decreto N° 733, de 2012, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que ordena la expulsión del territorio nacional de un ciudadano extranjero, por estimar que el acto se ajusta a derecho. Sin embargo, atendida la calidad de refugiado de la persona, la Contraloría hizo presente que la autoridad debe sujetarse al inciso segundo del artículo 5° de la ley N° 20.430, concediéndole un plazo de 30 días, contado desde la notificación de la resolución de expulsión, para gestionar su admisión legal en otro país. Durante ese plazo queda sujeto a las medidas de control que las normas sobre extranjeros establecen en Chile. La toma de razón se realizó con este alcance.