El Tribunal Constitucional resolvió dos impugnaciones.
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2019
Resumen
El Tribunal Constitucional resolvió dos impugnaciones. Respecto del artículo 1, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, que restringe la aplicación de penas sustitutivas, declaró su inaplicabilidad por considerar que vulnera los principios de proporcionalidad y racionalidad consagrados en el artículo 19 N° 2 y N° 3 de la Constitución, al excluir de forma desproporcionada y sin justificación suficiente la aplicación de estas penas en relación con otros delitos de mayor gravedad, lo que resulta inidóneo para los fines de reinserción social y protección de las víctimas. En cambio, rechazó la impugnación del artículo 17 B, inciso segundo, de la Ley N° 17.798 sobre control de armas, por estimar que restringe el marco penal sin afectar la individualización judicial de la pena, y que la regulación responde a un bien jurídico reconocido constitucionalmente.
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Preguntas frecuentes
¿Puede el Tribunal Constitucional declarar inaplicable la restricción de penas sustitutivas por vulnerar la proporcionalidad y la racionalidad?
Sí, en este caso el Tribunal Constitucional declaró la inaplicabilidad del artículo 1, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, por considerar que excluía de forma desproporcionada y sin justificación suficiente la aplicación de penas sustitutivas, lo que resultaba inidóneo para la reinserción social y la protección de las víctimas.
¿Es constitucional una norma penal que restringe el marco penal en materia de control de armas sin afectar la individualización judicial de la pena?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó la impugnación del artículo 17 B, inciso segundo, de la Ley N° 17.798, por estimar que restringe el marco penal sin afectar la individualización judicial de la pena y que responde a un bien jurídico reconocido constitucionalmente.
¿Qué criterios aplica el Tribunal Constitucional para revisar la constitucionalidad de restricciones legales a penas sustitutivas?
En este caso, el Tribunal Constitucional examinó la restricción a la luz de los principios de proporcionalidad y racionalidad del artículo 19 N° 2 y N° 3 de la Constitución, evaluando si la exclusión era idónea para los fines de reinserción social y protección de las víctimas.
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