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El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad que impugnaba la…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2019

Resumen

El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad que impugnaba la aplicación del artículo 17 B, inciso segundo, de la Ley N° 17.798, sobre control de armas. El requirente sostenía que la norma vulneraba la Constitución al restringir la discrecionalidad judicial en la determinación de penas. El Tribunal concluyó que el legislador tiene primacía para establecer delitos y penas dentro de los límites constitucionales, y que la norma no afecta el principio de igualdad ante la ley ni el de proporcionalidad, ya que permite al juez ponderar circunstancias atenuantes y agravantes dentro de los márgenes legales, respetando la culpabilidad y la dignidad humana. Asimismo, consideró que el control de armas es un bien jurídico protegido constitucionalmente, justificando el endurecimiento punitivo en esta materia. En consecuencia, desestimó el requerimiento, señalando que la aplicación de la tabla de factores en el caso concreto debe ajustarse a la Constitución y la ley, y que los afectados pueden recurrir a otros arbitrios judiciales si estiman que se ha incurrido en ilegalidad o arbitrariedad.

Normas citadas

  • Constitución Política, artículo 19, inciso segundo, numeral 3
  • Constitución Política, artículo 19, inciso cuarto, numeral 9
  • Constitución Política, artículo 19, inciso cuarto, numeral 24
  • Constitución Política, artículo 93, inciso primero, numeral 10
  • Constitución Política, artículo 94, inciso cuarto
Tribunal ConstitucionalINAAcción De InconstitucionalidadDerecho A La Protección De La Vida PrivadaDerecho A La Proteccion De Datos PersonalesDominio Máximo LegalIncompatibilidad De ParlamentarioIndeminzación De Daño Patrimonial

Preguntas frecuentes

¿Es constitucional que la ley restrinja la discrecionalidad del juez para determinar la pena en delitos de control de armas?

En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que el legislador tiene primacía para establecer delitos y penas dentro de los límites constitucionales, y rechazó el requerimiento que impugnaba el artículo 17 B, inciso segundo, de la Ley N° 17.798. Estimó que la norma no vulnera el principio de igualdad ante la ley ni el de proporcionalidad.

¿El endurecimiento de penas en delitos de control de armas vulnera la proporcionalidad o la dignidad humana?

En este caso, el Tribunal consideró que el control de armas es un bien jurídico protegido constitucionalmente, lo que justifica el endurecimiento punitivo. Además, concluyó que el juez conserva margen para ponderar atenuantes y agravantes, respetando la culpabilidad y la dignidad humana.

¿Qué puede hacer una persona condenada si considera que la tabla de factores se aplicó de forma ilegal o arbitraria?

En este caso, el Tribunal señaló que la aplicación de la tabla de factores debe ajustarse a la Constitución y la ley. Indicó que los afectados pueden recurrir a otros arbitrios judiciales si estiman que se ha incurrido en ilegalidad o arbitrariedad.

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