El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad, dec…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2019
Resumen
El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad, declarando que el artículo 768, inciso segundo, del Código de Procedimiento Civil es inaplicable en la gestión pendiente por infringir las garantías de igualdad ante la ley y debido proceso. La mayoría sostuvo que la norma, al restringir el recurso de casación en la forma en procedimientos regidos por leyes especiales como la Ley General de Urbanismo y Construcciones, genera una discriminación arbitraria sin justificación razonable, impidiendo corregir vicios graves en las sentencias. Se desestimó el requerimiento respecto de la tabla de factores en contratos de salud, por estimar que su aplicación debe ajustarse a la Constitución y la ley, pudiendo los afectados recurrir a otras vías judiciales.
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Preguntas frecuentes
¿Procede el recurso de casación en la forma en procedimientos regidos por leyes especiales, como la Ley General de Urbanismo y Construcciones?
En este caso, el Tribunal Constitucional declaró inaplicable el inciso segundo del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, porque su restricción en procedimientos de leyes especiales como la Ley General de Urbanismo y Construcciones generaba una discriminación arbitraria, impidiendo corregir vicios graves en las sentencias.
¿Puede el Tribunal Constitucional declarar inaplicable una norma procesal por infringir la igualdad ante la ley y el debido proceso?
Sí. En este caso, el Tribunal acogió parcialmente el requerimiento de inaplicabilidad por estimar que la norma vulneraba las garantías de igualdad ante la ley y debido proceso, al no justificar razonablemente la diferencia de trato.
¿Es constitucional la aplicación de una tabla de factores en contratos de salud?
En este caso, el Tribunal Constitucional desestimó el requerimiento sobre la tabla de factores, por estimar que su aplicación debe ajustarse a la Constitución y la ley, y que los afectados pueden recurrir a otras vías judiciales.
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